Cuando Gabriel Boric, con apenas treinta y seis años a cuestas, jure hoy como el presidente más joven de la historia de Chile, tendrá, paradójicamente, que hacer frente al desafío de remediar en los próximos cuatro años el problema más vetusto y antiguo que arrastra esta nación andina desde antes de su independencia en 1810.

En efecto, ya en 1796, José Cos de Iriberri, comerciante chileno, elogió "la opulencia y riqueza" de la tierra, pasando a lamentarse: "Quién pensaría que en medio de tal abundancia habría una población escasa gimiendo bajo el pesado yugo de la pobreza, la miseria y el vicio". Por supuesto, el fantasma de Iriberri (que habitaba una provincia española de menos de un millón de almas), no reconocería el Chile contemporáneo, una nación de 20 millones de personas, gimiendo bajo el yugo de problemas típicos, más bien, del siglo 21. Y, sin embargo, Iriberri advertiría también que la desigualdad, la injusticia y la corrupción continúan perturbando persistentemente a su tierra natal, aunque, de resucitar, quizás abrigara de pronto la esperanza de que esta situación desastrosa pudiera estar llegando a su fin.

 
Boric fue elegido porque encarnaba un vasto movimiento de ciudadanos que colmaron las calles en octubre del 2019 exigiendo un nuevo sistema político, un conjunto diferente de prioridades económicas y, sobre todo, dignidad para los desfavorecidos, una serie de medidas drásticas que, de ser llevadas a cabo, podrían dentro de poco invalidar un juicio tan melancólico como el de Iriberri.

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